La falta de personal de apoyo en colegios e institutos impide la educación inclusiva que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de la Discapacidad suscrita por España en 2008 y para cuyo cumplimiento la nueva ley educativa da ahora un plazo de diez años a las administraciones

La ley está de su parte, pero los hechos, muchas veces no. La ley les reconoce que sus hijos tienen derecho a estudiar en un centro ordinario con la ayuda de personal de apoyo para superar sus trabas físicas, sensoriales o intelectuales, pero la realidad es que muchos no pueden hacerlo por la falta de ese personal. Y eso obliga a las familias a entablar una lucha desesperada, titánica, si quieren conseguir que sus hijos dispongan de los medios para poder estudiar en un colegio de Infantil y Primaria, en un instituto de Secundaria, en el de su barrio, como cualquier niño, y no en un centro de educación especial, segregados, apartados.

El Comité de la ONU para las Personas con Discapacidad  ya ha advertido varias veces a España del incumplimiento del derecho a la educación inclusiva y le ha conminado a adoptar medidas para garantizar los apoyos y recursos necesarios que hagan posible la escolarización en la educación ordinaria. A ello está obligado nuestro país, además, por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ratificó en 2008, incorporando de esa manera al cuerpo legislativo nacional la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y el rechazo a la exclusión del sistema general escolar por causa de lo que ahora se denomina como una diversidad funcional.

También hay leyes educativas de rango estatal y autonómico que reconocen ese derecho, pero en la práctica siguen siendo muy numerosos los casos de incumplimiento por falta de recursos en los centros, algo que ocurre con una mayor o menor incidencia en cualquier ciudad o comunidad, según las organizaciones del sector cerca de 750.000 alumnos recibieron apoyo en centros escolares en el curso 2019-20, de acuerdo con la última estadística del Ministerio de Educación, 40.619 más que el ejercicio anterior. De ellos, 223.805 tenían necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave, de los cuales, 185.854 (el 83%) estaban escolarizados en centros educativos ordinarios y el resto, en los de educación especial, destinados únicamente a alumnado con diversidad funcional. Los otros 506.218 alumnos con apoyo fueron atendidos por otras necesidades específicas, fundamentalmente por trastornos de aprendizaje (37%), desventaja socioeducativa (25,7) y trastorno del desarrollo del lenguaje (14,7) y altas capacidades intelectuales (7,7)

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